UA

Las mujeres son las grandes perjudicadas del desmantelamiento del estado de bienestar que se está llevando a cabo en los últimos años

En la actualidad, las mujeres ocupamos casi la mitad del mercado laboral. Cada vez estamos más presentes en el mundo del trabajo. Sin embargo, las mujeres trabajamos más y en peores condiciones que los hombres. Junto con los jóvenes y los inmigrantes, las mujeres ocupamos el tercer lugar en el triste podium de la precariedad.

¿Reserva de mano de obra?

Después de la II Guerra Mundial se obligó a las mujeres a regresar al ámbito doméstico al haber cumplido con su función de reserva de mano de obra, que sustituyó a la masculina durante la guerra. Esta fecha coincidió con la época dorada del capitalismo. La aplicación de las políticas keynesianas del estado de bienestar y la introducción del salario familiar, que permitía que sólo con el sueldo del hombre se pudiese sostener una familia entera, dio lugar, de nuevo, a que muchas mujeres restringieran su espacio vital al ámbito doméstico.

Sin embargo, lo que no sabían los ideólogos del papel sumiso y domesticado de la mujer es que pronto tendrían que dejar volver a esa supuesta reserva de mano de obra barata. Tras la crisis del petróleo de los años 70, la incorporación de la mujer al trabajo se ha realizado a pasos de gigante. El mercado necesitó de nuevo al depósito laboral femenino para salir de la crisis. La mujer no es, por lo tanto, sólo una reserva sino una pieza clave para el mantenimiento del sistema económico capitalista. Está claro que, en épocas de recesión económica, la mujer se convierte en un instrumento fundamental que éste sistema económico utiliza para aumentar la productividad sin un aumento de los costes.

Por otra parte, cuando la mujer es obligada a quedarse en casa, ésta también cumple con una función de trabajo social. Pero en este caso la situación es aún más grave ya que el trabajo que las mujeres hacen de puertas para adentro ni siquiera cuenta con ningún tipo de remuneración, mientras que sí ahorra bastante dinero al estado, sustituyendo a éste en un servicio al que debería estar obligado. Además, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta que muchas amas de casa realizan trabajos de costura, limpieza, pequeño comercio, etc., y que estas profesiones no aparecen como activas en las encuestas laborales. Así, el número de mujeres que trabaja es mucho mayor al de los números oficiales, sólo que sin contratos ni beneficios sociales.

Ni en casa ni fuera de ella la mujer cuenta con condiciones laborales dignas. La tan demandada incorporación al trabajo por parte del movimiento feminista no ha dado los frutos esperados. La crisis de los 70 dio lugar a una reestructuración de la economía a nivel mundial que exigía dos reformas de choque fundamentales. La primera, dejar entrar de nuevo a la mujer —junto con los inmigrantes y los jóvenes— al mundo laboral para aumentar la productividad al menor coste. Y, la segunda, el desmantelamiento de los servicios públicos del estado de bienestar, conseguidos por la clase trabajadora a través de importantes luchas y permitidos debido a la bonanza económica de aquellos años de posguerra.

Estas dos transformaciones, que han ayudado a la clase capitalista a reconfigurar sus intereses bajo el paraguas ideológico del neoliberalismo, han perjudicado a las clases más desfavorecidas de la estratificación social. Pero, sobre todo, han afectado a las mujeres, ya que han acentuado la explotación de doble cadena que éstas han soportado a lo largo de toda la historia. Por una parte, las mujeres están sufriendo, en mayor medida que los hombres, la disminución de la calidad de vida derivada de los contratos temporales y parciales y de los bajos salarios. Por otra parte, las mujeres siguen siendo las principales encargadas del trabajo doméstico, del cuidado de los niños y ancianos, de las tareas del hogar, etc. Esto da lugar a una jornada de trabajo exhaustiva, repetitiva y alienante que tiene consecuencias desastrosas en la calidad de vida de las mujeres, no sólo a nivel físico sino también psíquico.

“Flexi-explotación”

El neoliberalismo, política económica dominante desde la década de los 70, tiene entre uno de sus objetivos desregularizar el mercado del trabajo y disminuir los derechos laborales conseguidos por la clase trabajadora. En el Estado español, estos ataques comenzaron durante los años de Gobierno del PSOE en la década de los 80, con Felipe González a la cabeza. Todas las reformas laborales aprobadas en aquella época se inscribían en la lógica neoliberal: flexibilización y productividad. Esto significó la introducción de los contratos temporales y parciales y el aumento de la inestabilidad laboral.

Hoy en día, del total de la población activa asalariada femenina el 83% trabaja a tiempo parcial. Respecto a la brecha salarial, ésta supone una media del 30,7% en todas las categorías laborales (parcial, completa, etc.). Y las reformas neoliberales siguen. El último varapalo ha sido la reforma laboral del 2006 que, lejos de marcar un comienzo para recuperar lo perdido, ha supuesto una profundización aún mayor de la institucionalización de la precariedad a través de subvenciones a los empresarios y el abaratamiento de los despidos. Además, también están los contratos temporales que se firmaron en el último bienio de los que el 65% fueron para las mujeres.

Durante las tres últimas décadas, la introducción de las jornadas a tiempo parcial ha sido considerada como un avance para la mujer por parte de los especialistas de las ciencias laborales. Trabajar a jornada parcial permitiría, según éstos, que la mujer aportara un dinero extra a la economía doméstica mientras que podía seguir encargándose de las obligaciones familiares. Sin embargo, este argumento se ha ido desmontando con el tiempo al observarse las consecuencias negativas que esta medida de flexibilización laboral ha tenido en la calidad de vida de las mujeres. El trabajo a tiempo parcial es negativo porque institucionaliza el hecho de que exista un modo de empleo femenino específico y porque generaliza la actividad reducida, además de la imposición de tener que trabajar sólo en áreas que permitan este tipo de horarios.

Las políticas de igualdad del Gobierno social-liberal de Zapatero se han caracterizado por dos factores. Primero, se basan en centrar a la mujer como una herramienta para el desarrollo económico. Lo importante es convencer al empresario de que si utilizan a las mujeres (como trabajadoras, consumidoras, etc.), aumentará el beneficio económico. Es decir, la igualdad no es importante porque dignifica la vida de las mujeres o porque es justo y solidario sino porque ayudará a aumentar la productividad. La segunda característica gira en torno a la filosofía liberal individualista y del denominado empoderamiento. Esta palabra inunda los textos de los proyectos de ley de igualdad que el Gobierno ha lanzado. Según esta filosofía, hay que proporcionar más poder a las mujeres para que “ellas mismas” se sientan más seguras y sean más competitivas en el mercado laboral. Es decir, de una manera implícita, se culpa a las mujeres de su situación de precariedad dándoles el siguiente mensaje: “tú sí que puedes, tú sola podrás competir con los hombres”.

La trampa de la conciliación

El segundo objetivo del neoliberalismo es acabar también con los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora. De nuevo, las mujeres son las grandes perjudicadas del desmantelamiento del estado de bienestar que se está llevando a cabo en los últimos años. La progresiva privatización de los servicios de educación y de salud afecta de manera especial a las mujeres que, contando con un nivel de ingresos mucho menor que los hombres, tienen que hacer maravillas para llegar a fin de mes. Aparte de esto, conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos y del hogar se ha convertido en una cuestión de magia y malabares para las mujeres trabajadoras. El número de guarderías públicas que existe en el Estado español es sencillamente ridículo, y abarca menos del 30% de las plazas demandadas. Las mujeres tienen que esperar meses para que sus hijos sean aceptados en alguna o recurrir a las concertadas.

Los últimos informes del Instituto de la Mujer son devastadores y muestran que el ámbito doméstico sigue siendo una cuestión “forzosa” de mujeres. Del total de las personas que pidieron la baja de maternidad/paternidad en 2007, el 98´35% fueron mujeres. Ellas también fueron mayoría aplastante, un 95´33%, en lo que concierne a excedencia por cuidado de los hijos. Y eso no es todo. El pasado año, del total de personas que no buscaban empleo por razones familiares, el 97% eran mujeres. Además, existe una gran relación entre la precariedad y las exigencias de la vida familiar. Por ejemplo, del 83% de trabajadoras asalariadas que trabajaba a tiempo parcial en 2006 un 99% aseguraba hacerlo por obligaciones familiares.

Esta situación tiene una causa fundamental. Y es que en las sociedades capitalistas occidentales [sobre todo en las mediterraneas], tanto la reproducción como la maternidad son consideradas cuestiones privadas y no sociales. El peso de la conciliación suele recaer en las redes de ayuda familiares, es decir, en las abuelas, o en la contratación de niñeras (en su mayoría inmigrantes) que a su vez también cuentan con trabajos precarios, a tiempo parcial, y generalmente mal pagados y sin contrato. En el Estado español, existen muy pocas políticas de apoyo a la conciliación laboral. Esto da lugar a la existencia de una doble jornada laboral para las mujeres que acaba afectando a su salud. Ninguna de estas tres “soluciones”, las abuelas, las inmigrantes o la doble jornada, han acabado con el problema de la precariedad. De hecho, a lo que ha dado lugar es a más explotación.

Error en el diagnóstico: recetas equivocadas

La discriminación de género se sigue considerando como un hecho de raíces esencialmente culturales y no económicas. Según la mayoría de los diagnósticos de los últimos planes de igualdad, todo se centra en la educación como vía fundamental para solucionar el problema. Sin menospreciar el importante papel que la educación tiene para conseguir una mayor igualdad, resulta curioso que nadie se pregunte lo siguiente: ¿por qué en las profesiones en las que se requiere un mayor de nivel de educación también existe la discriminación salarial?, ¿por qué las mujeres con estudios de doctorado cuando se convierten en directoras de empresas discriminan igualmente a sus empleadas? La relación indisoluble entre precariedad y mujer no es sólo una discriminación de género sino también una cuestión enraizada en la naturaleza de la sociedad de clases.

Los diagnósticos se basan en separar el problema de la discriminación laboral de la mujer del sistema económico y político en el que se desarrolla. Y eso da lugar a juicios falsos y a que la liberación de la mujer vaya a pasos de tortuga. El hecho de que las mujeres seamos ahora más visibles en los medios de comunicación, en la política profesional, en la cultura y en la ciencia no ha dado lugar a una equiparación de derechos e igualdad de oportunidades en la realidad para la gran mayoría de la población femenina. Hace 25 años, las demandas del movimiento feminista no se centraban sólo en que una minoría de mujeres se convirtiera en ejecutivas o en presidentas de gobierno. Lo que el movimiento feminista ha venido pidiendo desde su nacimiento es que la incorporación de la mujer al mundo laboral, cultural, científico, etc. se diera en igualdad de oportunidades reales. La igualdad entre hombres y mujeres tiene el objetivo de convertir el mundo en un lugar más justo y más solidario. No tiene como fin el que las mujeres tuviesen también la oportunidad de explotar y dirigir al resto de mujeres y hombres.

La cuestión ahora será cómo encauzar el camino y, en este sentido, hay hechos esperanzadores. En los últimos seis meses en dos luchas laborales, protagonizadas en su gran mayoría por mujeres, se ha ganado la batalla. La huelga de las trabajadoras y trabajadores del Metro de Madrid consiguió el pasado mes de enero una mejora en las condiciones laborales. Lo mismo ocurrió en la primavera de 2007 en Santa Cruz de Tenerife, cuando las trabajadoras de la limpieza de diferentes empresas de edificios públicos consiguieron un aumento de sueldo después de una huelga indefinida.

Por aquí van los tiros. La lucha para acabar con la precariedad laboral de la mujer tiene que atacar diferentes frentes. Uno de ellos es el sindical y, actualmente sólo hay una media de un 30% de afiliación de las mujeres a organizaciones de trabajadores. La organización de las mujeres en los lugares de trabajo es crucial para conseguir un avance en los derechos laborales. De esta manera, la participación activa de la mujer en el trabajo será un punto clave. Otro frente importante será la participación de la mujer en las plataformas de defensa de los servicios públicos y en los movimientos sociales que luchan en contra de la privatización de la enseñanza, la sanidad, etc. La inclusión de la mujer en la vida política de las luchas contra el neoliberalismo será también un factor fundamental para avanzar en la lucha contra la precariedad. Pero, sobre todo, las mujeres tienen que organizarse para desmantelar los mitos que existen en torno a ellas y que perpetúan una discriminación estructural e inherente al capitalismo.

Angie Gago

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA